El pasado sábado, en el convulso estado de Zacatecas, la presidenta Sheinbaum fue duramente cuestionada por productores de frijol ante la falta de apoyos para poder sobrevivir debido a los bajos precios que ha alcanzado el grano en estos días. Esta situación no es un hecho aislado: en diciembre de 2025, las protestas de camioneros y de productores del campo se extendieron en cuando menos diez estados, manifestando su inconformidad por el abandono del campo, la inseguridad en las carreteras y por leyes que consideran desproporcionadas, como las reformas a la Ley de Aguas promovidas por el Ejecutivo Federal.
El común denominador de estas manifestaciones de descontento es que se trata de gente que trabaja y no, desde luego, de personas que reciben las dádivas que MORENA reparte con el objetivo de perpetuarse en el poder. Este contraste resulta clave para entender la naturaleza de las actuales tensiones sociales: mientras el gobierno central destina recursos millonarios a mecanismos de promoción política y programas clientelares, sectores productivos estratégicos quedan desatendidos.
En este contexto, es interesante recordar la justificación que se esgrimió para la reforma electoral impulsada por Sheinbaum —una suerte de “plan C” y luego “plan D” tras el fracaso de López Obrador en el sexenio anterior—, que era el supuesto ahorro de recursos públicos. Sin embargo, la inversión de una décima parte del presupuesto público nacional en los “programas sociales” se ha tornado insostenible, y el obradorismo no cesa de buscar de dónde obtener recursos suficientes para darles continuidad. La contradicción es evidente: se recortan recursos a instituciones electorales, a los congresos estatales, al Senado de la república y a los ayuntamientos, pero se multiplican los gastos discrecionales con fines políticos.
La hipocresía de MORENA vuelve a quedar al descubierto. La llamada “revocación de mandato” de 2022 le costó al erario 1,700 millones de pesos, y la emprendida en Oaxaca por el gobierno morenista casi 200 millones de pesos. En conjunto, casi 2,000 millones de pesos tirados a la basura en ejercicios de “revocación de mandato” que, lejos de ser auténticas consultas ciudadanas, son promovidas desde el poder con la finalidad de darse un respiro político, de “volverse a elegir”, por decirlo de alguna forma. Si se suman estos gastos a la bolsa millonaria de los programas sociales, queda claro que el ahorro prometido con la reforma electoral —4,000 millones de pesos— no representa ni siquiera una fracción significativa frente al costo desorbitado del aparato clientelar del gobierno.
El presupuesto de egresos de la federación para 2026 es de 10 billones de pesos, de los cuales una décima parte se reparte sin control entre 42 millones de posibles votantes en el país. Al mismo tiempo, la generación de empleos duerme el sueño de los justos, como lo confirman las cifras oficiales del INEGI, que señalan un crecimiento económico de únicamente 0.8% en 2025 —el más bajo desde 2020. Este contraste entre el derroche en programas discrecionales y el estancamiento económico evidencia la fragilidad del modelo: no se trata de un gobierno que priorice el desarrollo productivo, sino de uno que privilegia la supervivencia política por encima de la sostenibilidad económica.
Afortunadamente, el PT no apoyó que la “revocación de mandato” se pudiera realizar en 2027, lo que habría permitido a Sheinbaum hacer campaña en favor de su partido como la vía más segura para obtener la mayoría calificada en el Congreso federal —mayoría que el gobierno considera necesaria para seguir modificando a su antojo la Constitución. No obstante, el riesgo no ha desaparecido: la revocación de mandato se realizará si la presidenta encuentra que ésta pueda ser útil para el proyecto obradorista. Nuevamente se pone sobre la mesa el uso discrecional de los recursos públicos y del aparato gubernamental con el auxilio de los “vividores de la nación”, con el único propósito de ratificarse en el ánimo de su público.
Ante este panorama, los partidos de oposición que competirán el próximo año tienen la oportunidad de evitar las tentaciones de MORENA de desviar esos recursos en 2028, pero para ello será necesario que sean capaces de formar un frente sólido ante el gobierno, con el objetivo de ganar la mayoría en el Congreso y arrebatarle algunas gubernaturas en 2027. No bastará con críticas aisladas: desde ahora la oposición debería estar construyendo una alianza con capacidad real de competir y de derrotar a la coalición que hoy desgobierna a México. Esto implica no solo señalar los errores de los gobiernos de MORENA en los tres órdenes, sino también proponer políticas públicas que, de manera realista, respondan a la aspiración de los mexicanos —sin ningún distingo— por tener un mejor país para el presente y, sobre todo, para el futuro.
Un país que crezca en su economía por arriba del crecimiento poblacional, donde prevalezcan la paz y la seguridad a partir de separar al Estado del crimen organizado, un país que garantice suficientes empleos bien remunerados, con educación de calidad y tecnológicamente avanzado, sin corrupción, en suma, un país que sea la potencia mundial que todos queremos.
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