El mito de Ícaro advierte contra la soberbia, pero la política mexicana ofrece una variante más sórdida: un Ícaro que no cae por exceso de confianza, sino por pánico; que regresa al cielo no para conquistarlo, sino para esconderse de él, y que, tras apenas treinta y tres horas, claudica y pide permiso para volver a caer. Rubén Rocha Moya no es un héroe trágico, sino el producto de un sistema que lo cobijó mientras fue útil y lo abandonó en cuanto su presencia se volvió un estorbo. Y en ese abandono, la podredumbre no es solo la del gobernador acusado, sino la de un partido que construyó sus alas de cera, las bendijo durante años y, cuando el sol comenzó a quemar, se apresuró a deslindarse con la hipocresía de quien nunca supo nada.
Para entender esta tragicomedia, hay que atender a la materia prima de las alas morenistas: el fuero y la impunidad pactada. Durante los ciento doce días de licencia, Morena protegió a Rocha Moya con el argumento de la presunción de inocencia, mientras la FGR fingía investigar. Pero el 21 de agosto, cuando el gobernador regresó, supuestamente sin avisar a nadie —ni a la presidenta, ni a Gobernación, ni a su partido—, el castillo se derrumbó. Morena, que había sido su escudo, se convirtió en su verdugo. El comunicado oficial fue una obra maestra del cinismo: «Morena informa que esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior, Morena se deslinda». El problema no es la impunidad, sino la falta de protocolo; el pecado no es el delito, sino la indisciplina. El partido no se deslinda por los vínculos con el narcotráfico; se deslinda porque Rocha Moya no pidió permiso. Esa es la ética de la Cuarta Transformación: la lealtad al partido por encima de la ley, y el castigo a la desobediencia por encima del castigo a la corrupción.
La reacción de los gobernadores morenistas fue igualmente patética. En un pronunciamiento conjunto, manifestaron su desacuerdo y lo invitaron a actuar con «madurez y responsabilidad», recordándole que «los proyectos personales no tienen cabida cuando se contrapesan con el bienestar de la Nación». Pero esas palabras suenan a hueco cuando se recuerda que callaron durante meses mientras Rocha Moya permanecía en el cargo con una acusación formal de la DEA. No hubo pronunciamientos contra el narcogobernador cuando aún era útil; los hubo apenas cuando su regreso amenazó con salpicar a la presidenta. La línea moral de los gobernadores no es más que el maquillaje de una cobardía estructural: nadie señaló a Rocha Moya mientras su caída no era inminente; pero todos se apresuraron a patearlo cuando el sol comenzó a quemar sus propias alas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció la versión más depurada de esta hipocresía. Sin mencionar a Rocha Moya, escribió que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo, y que el poder sin principios se vuelve arrogancia. Pero su gobierno, el mismo que consumaba el traslado exprés del contralmirante Farías Laguna desde Argentina para demostrar su lucha contra la impunidad, había permitido que Rocha Moya se mantuviera en el cargo durante meses después de la acusación estadounidense. La presidenta no lo frenó cuando aún era tiempo; lo desautorizó cuando ya era tarde. Su deslinde no es un acto de principios; es un acto de supervivencia política, un intento desesperado de despegarse de un cadáver político antes de que el hedor la alcance.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, fue quizás el más cínico. Apenas horas después del regreso, le sugirió a Rocha Moya que pidiera una nueva licencia. Y cuando el gobernador obedeció al día siguiente, Monreal saludó la decisión como «un gesto positivo». Es decir: Monreal le ordenó irse, Rocha Moya se fue, y Monreal lo celebró como un triunfo de la cordura. Pero ¿qué clase de partido necesita ordenarle a su gobernador que se tome una licencia después de que ya la había tomado y regresado? ¿Qué clase de partido monta este esperpento de treinta y tres horas, este simulacro de gobierno, esta farsa jurídica que consiste en activar el fuero para blindarse y luego retirarse para no quemarse? La respuesta es simple: un partido que no tiene principios, solo cálculos; que no defiende la ley, solo sus intereses; que, como Ícaro, vuela cerca del sol de la impunidad y, cuando la cera comienza a derretirse, se apresura a deslindarse del vuelo que él mismo patrocinó.
Porque no nos engañemos: Rocha Moya no llegó por méritos propios. Llegó porque Morena lo postuló, el crimen organizado lo apoyó y la 4T lo mantuvo en el cargo durante años, a pesar de las señales, los rumores, las evidencias que hoy pesan sobre él. El partido no lo abandonó por ética; lo abandonó por estrategia. Su deslinde no es congruencia, sino oportunismo: Morena no está contra la impunidad; está contra la impunidad que ya no puede ocultar. Durante meses, la dirigencia respaldó a Rocha Moya, reconociendo que se hubiera separado para que las autoridades investigaran. Esa fue la narrativa: «Vamos a esperar el resultado». Pero cuando el resultado no llegó —porque la FGR, después de ciento doce días, seguía sin encontrar «elementos de prueba»—, Rocha Moya regresó, y Morena decidió que ya no era su problema. El partido no exigió una investigación pronta; exigió que Rocha Moya se mantuviera fuera del reflector. La lealtad a los suyos se agota en el momento en que se vuelve costosa.
El resultado es desolador, pero no para Rocha Moya, sino para la credibilidad de Morena y del sistema que lo amparó. Sinaloa no tiene gobernador; tiene un fantasma que aparece en videos, pide licencia, regresa para activar el fuero, y vuelve a irse. Pero Morena tampoco tiene un proyecto ético; tiene un manual de supervivencia que dicta abrazar al acusado mientras sea útil y patearlo cuando se vuelva incómodo. Sheinbaum no es la lideresa de una transformación; es la gerenta de una empresa política que sabe cuándo despedir a un empleado problemático para no manchar la marca. Y los gobernadores morenistas no son estadistas; son empleados disciplinados que cierran filas con la jefa y exigen «madurez» al compañero que cometió el error de no pedir permiso antes de salvar su propia piel. El Ícaro de Sinaloa no se estrelló contra el mar; cayó en la irrelevancia, y arrastró consigo la poca credibilidad que le quedaba a la Cuarta Transformación. Pero la verdadera lección del mito no es la caída de Ícaro, sino la responsabilidad de Dédalo, el arquitecto que construyó las alas. En esta versión, López Obrador es Dédalo: construyó las alas de cera, las bendijo, las puso en el cielo y, cuando el sol comenzó a derretirlas, se limitó a observar desde la orilla. MORENA se deslindó con un comunicado frío. «No tuvimos conocimiento previo», dice el partido que lo postuló. «Fue una decisión personal», dice el partido que lo llevó al poder. «Seremos respetuosos del estado de derecho», dice el partido que durante años protegió a un hombre acusado de narcotráfico. La hipocresía es tan monumental que roza lo obsceno. Porque Morena no es víctima de la deslealtad de Rocha Moya; es cómplice de su impunidad. Y su deslinde, lejos de redimirlo, lo condena como lo que es: un partido que solo cree en la ley cuando la ley ya no puede esconder a los suyos.
