Cada día que pasa, la realidad de los gobiernos de MORENA va quedando al descubierto. La improvisación como forma de gobierno no fue un accidente: fue una decisión. Andrés Manuel López Obrador lo dejó claro cuando señaló que en su gobierno era más valioso ser honesto que tener capacidad: “10 por ciento experiencia y 90 por ciento honestidad”, dijo en alguna ocasión. O aquello de que “No crean que tiene mucha ciencia el gobernar”. Frases que, con el paso del tiempo, no han envejecido como ocurrencias, sino que sigen vigentes en el “segundo piso de la 4T”, ya que la falta de preparación se convirtió en política de Estado. Lo que hoy vemos no es el resultado de mala suerte, sino de una concepción profundamente equivocada del poder público: gobernar, sí tiene ciencia, y cuando se ignora, la ciencia se convierte en dolor.
Hace unos días salió a la luz un reportaje que señala que tramos del Tren Maya están siendo reforzados al presentar hundimientos y desplazamientos en los pilotes que sostienen las estructuras por las que transita el emblema de la improvisación, de la corrupción y del ecocidio en nuestro país. De acuerdo con los reportes de unotv.com y laverdad.com.mx, ingenieros han exhibido hundimientos visibles en el Tramo 5 del proyecto, donde los pilotes —elementos clave para la estabilidad de la vía— muestran fallas estructurales graves. No es un detalle menor: estamos hablando de una obra faraónica financiada con recursos públicos que, lejos de ser un orgullo nacional, se convierte en un monumento a la irresponsabilidad técnica. Mientras tanto, el costo ecológico ya es incalculable: cavernas destruidas, mantos acuíferos afectados y una selva que no se recuperará en décadas. Todo por la soberbia de quienes creen que gobernar no tiene ciencia.
Pero lo más grave, lo que duele en lo más profundo, ocurre en los hospitales públicos. Este lunes nos enteramos, gracias a una profunda investigación publicada por El País México, sobre el tráfico y la venta de medicamentos falsos en el sistema de salud público. Una consecuencia directa de la destrucción del sistema de salud, por una parte, y de la colusión del gobierno con el crimen organizado, que también está involucrado en esta ilegal industria. México ocupa ya el nada honroso sexto lugar en el mundo en cuanto a la venta de medicamentos falsos. Se estima que hasta el 60 por ciento de los medicamentos que se comercializan en el país podrían ser apócrifos.
La cifra que debería estremecernos: según la Organización Mundial de la Salud y diversos organismos internacionales, alrededor de 700 mil personas mueren cada año en el mundo a causa de medicamentos falsos o de mala calidad. No son números fríos: son padres, madres, hijos, abuelos. Y una parte de esa cifra, aunque nadie la ha contado con precisión en México, está ocurriendo aquí y ahora, en hospitales del IMSS, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, en clínicas rurales y en centros de cáncer. ¿Cuántas de esas 700 mil muertes anuales llevan el sello de la corrupción mexicana? Nadie lo sabe, porque este gobierno tampoco ha querido investigarlo.
La desgracia mayor se da en hospitales públicos que han comprado —y suministrado— medicamentos falsos a sus pacientes. La complicidad del gobierno es clara dados los 9,500 millones de pesos en compras irregulares de medicamentos a empresas señaladas previamente por el propio gobierno, la mayor parte por organismos también del propio gobierno, como la Cofepris. Paradójicamente, la misma Cofepris que emite alertas sobre fármacos falsificados —como la reciente sobre cuatro medicamentos— es la que ha permitido, por acción u omisión, que distribuidores irregulares obtengan contratos millonarios. La investigación de El País documenta cómo laboratorios fantasma y empresas sin certificación sanitaria han logrado colarse en las licitaciones públicas, muchas veces con domicilios falsos, con razón social de papel y, se sospecha, con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Salud.
El mecanismo es perverso: el gobierno, en su afán por “ahorrar dinero” —y también por eliminar a los intermediarios tradicionales, abrió la puerta a nuevos proveedores sin verificar su capacidad técnica ni su historial. El resultado ha sido una avalancha de medicamentos que no curan, que intoxican, que generan resistencia bacteriana o que simplemente son agua con colorante. Y mientras tanto, los pacientes con cáncer —como reporta El Sol de México— han recibido medicamentos falsificados para tratar la enfermedad. Medicamentos que no curan, que retrasan tratamientos vitales y que, en muchos casos, aceleran la muerte. El costo de la improvisación se mide en vidas perdidas. No es retórica: es una realidad documentada por la prensa, por organismos internacionales y hasta por la propia industria farmacéutica, como MSD México, que ha advertido que los medicamentos falsos “parecen baratos, pero salen caros”. Salen caros en dinero, sí, pero sobre todo en vidas.
Y no se trata sólo de medicamentos oncológicos. Hay antibióticos falsos que no combaten infecciones, antirretrovirales falsos para pacientes con VIH, vacunas que no protegen, analgésicos que contienen sustancias tóxicas. El mercado negro de fármacos es hoy una de las actividades ilegales más lucrativas del país, sólo por debajo del narcotráfico y el huachicol. Y el gobierno de MORENA no sólo lo ha tolerado: lo ha alimentado con sus propias compras irregulares. Porque cuando el Estado compra fármacos falsos, les otorga un sello de legitimidad. El paciente cree que está recibiendo un medicamento seguro porque viene de una farmacia del hospital público. Nada más lejano de la realidad.
A esto se suma la evidente colusión con el crimen organizado. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que grupos delictivos han diversificado sus negocios hacia la falsificación de medicamentos, aprovechando la debilidad institucional y, en algunos casos, la complicidad de funcionarios locales. No es descabellado pensar que parte de los 9,500 millones de pesos en compras irregulares haya terminado financiando a cárteles. El gobierno que prometió “abrazos, no balazos” hoy abraza también a los falsificadores de medicamentos, mientras los enfermos mueren esperando un tratamiento que nunca llegó o que llegó envenenado.
No podemos permitir que un grupo de personas improvisadas y evidentemente llenas de rencores sigan haciéndose cargo del gobierno —no gobernando—. La primera llamada a la acción en contra de MORENA será el primer domingo de junio de 2027, fecha en la que los mexicanos tendremos la oportunidad de arrebatarle a MORENA y a sus socios del PT, el VERDE y MC, la mayoría en la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y congresos locales, así como presidencias municipales.
Este llamado es a la población pero también a los partidos de oposición para encontrar a los mejores hombres y a las mejores mujeres en cada distrito federal, en cada estado y en cada presidencia municipal en competencia para detener ya el retroceso del país y comenzar de nuevo, con seriedad, capacidad y entrega, a rehacer lo que merecía la pena y que destruyó MORENA, y a cambiar lo que sea necesario, pero con razones técnicas, legales y políticas, para hacer de México la patria grande y generosa que queremos dejar a las futuras generaciones.
Porque no se trata sólo de elecciones. Se trata de que ningún niño vuelva a recibir un medicamento contra el cáncer falso. Se trata de que ningún anciano muera por una infección que un antibiótico verdadero pudo haber curado. Se trata de que el Tren Maya no se desplome con pasajeros a bordo. Se trata, en suma, de que la ciencia de gobernar —esa que desdeñan— regrese a Palacio Nacional. La improvisación ya nos ha costado demasiado. Las 700 mil muertes anuales en el mundo por medicamentos falsos son un recordatorio universal de lo que está en juego. En México, la complicidad gubernamental ha convertido esa tragedia global en una catástrofe nacional. Basta ya.
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