Un alcalde de la sierra de Oaxaca revisa el presupuesto que le acaban de transferir. Alcanza para pagar la nómina de los policías municipales y, con suerte, para bachear dos calles. No alcanza para la ambulancia que prometió en campaña ni para el pozo de agua que se secó en abril. Mientras tanto, en la Ciudad de México se inaugura un segundo piso para peatones de una avenida congestionada y se anuncia la ampliación de una línea de metro más. El alcalde oaxaqueño no es un mal administrador: es un cliente de un sistema fiscal que decide en el centro cuánto le toca y para qué. Y en esa grieta entre lo que se recauda en Palacio Nacional y lo que se paga en la periferia vive el elefante del que hemos hablado en estas semanas. Primero ocupó la calle, luego el aula, después la casilla, la tarjeta del programa social y la caja fuerte de los organismos autónomos. Hoy lo encontramos instalado en las carreteras y en la nómina de las policías locales.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado con precisión quirúrgica. El federalismo fiscal mexicano está diseñado para que la Federación recaude y luego reparta. Y reparte mal. El gobierno federal concentra cerca del 95% de los ingresos impositivos de los tres órdenes de gobierno. Para 2026, las transferencias federales representan en promedio el 81.7% de los ingresos de las entidades federativas, y en algunos estados la dependencia supera el 90%. Los estados y municipios son clientes de un centro que decide cuánto, cuándo y para qué. Y cuando el centro aprieta el cinturón, el municipio se asfixia.
En 2026, el centro apretó. El gasto federalizado registró en abril su peor caída desde 2009: 12.6% a tasa anual real, con 26 de las 32 entidades en contracción. Las participaciones federales, esos recursos de libre disposición que los estados usan para pagar policías, carreteras y nóminas, cayeron 7.8%, en 29 de 32 entidades. Las aportaciones etiquetadas para salud y educación también retrocedieron, y el ramo de protección social en salud se desplomó 74.1%. La caída es el resultado de una recaudación federal que se debilita y de un centro que prefiere ajustar a las entidades antes que a su propio gasto corriente.
Mientras tanto, el discurso oficial celebra la inversión en el sureste. El Tren Maya de carga y el Corredor Interoceánico se presentan como los nuevos polos industriales del país, con una inversión sexenal en vías ferroviarias cercana a los 750 mil millones de pesos. Son proyectos reales, pero el desarrollo regional no se mide en kilómetros de vía férrea, sino en la capacidad de un estado para recaudar, invertir y decidir. Y ahí la brecha es abismal. Entidades como Nuevo León generan una proporción significativa de sus propios ingresos, mientras en el sur la recaudación local es mínima.
Y hay un tercer movimiento que completa el cuadro: el control político. El Plan B electoral aprobado en 2026 no solo topó el número de regidurías en un máximo de 15 por Ayuntamiento y limitó el presupuesto de los congresos locales al 0.70% del erario estatal; en los hechos, estos topes permiten que desde el centro se defina el tamaño de la representación local. La crítica es precisa: si la Federación no le dicta a los estados cuál es la pena por un delito, ¿por qué debería decirle cuántos representantes populares elegir? El centralismo asfixia fiscalmente y borra la autonomía política que da sentido al pacto federal.
La falla de fondo es siempre la misma: se debilitan los contrapesos que deberían equilibrar el desarrollo. Un estado sin recursos propios no puede innovar, no puede planear más allá de lo inmediato, no puede negociar con inversionistas. Y un país donde todo se decide en el centro no es una federación, es una monarquía disfrazada.
Por eso propongo tres decisiones. La primera: fortalecer la recaudación propia de estados y municipios mediante la actualización de catastros, la eliminación de exenciones injustificadas al predial y la ampliación de la base del impuesto sobre nóminas, acompañadas de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal que permitan compartir información y capacidad de cobro. No se trata de inventar nuevos impuestos, sino de ejercer los que ya existen con eficiencia y transparencia. La segunda: crear un fondo de infraestructura regional con un consejo técnico independiente, criterios de asignación basados en índices de desarrollo y auditoría ciudadana vinculante, para que el dinero se etiquete a carreteras, puertos y polos industriales y no se lo trague la nómina ni el subejercicio. La tercera: derogar los topes federales del Plan B que limitan la autonomía de los congresos locales para decidir su organización interna y el tamaño de sus cabildos, porque esa facultad ya está en la Constitución y no necesita permiso de Palacio Nacional.
A la oposición le conviene entender algo antes de que sea tarde. El enojo ciudadano no es un programa de gobierno, y la nostalgia de un federalismo que nunca existió no alcanza para llenar una boleta. Lo que la gente preguntará en 2027 es muy concreto: quién va a arreglar la carretera, quién va a pagar mejor a los policías municipales, quién va a impedir que el centro se quede con la última palabra. Responder eso exige acuerdos que se sostengan en el tiempo y una agenda que cualquier ciudadano pueda leer sin sentirse estafado.
Y aquí conviene detenerse, porque llevamos semanas persiguiendo a este animal por toda la casa y ya es hora de mirar el plano completo. Seis elefantes, una sola habitación. El primero es la extorsión que no se nombra mientras se celebra la caída del homicidio. El segundo está en la escuela sin agua, sin luz y sin maestro, con la beca como paliativo. El tercero en la clínica y en el apoyo que llega puntual mientras el medicamento nunca llega. El cuarto se mudó al INE: un árbitro asfixiado y una democracia “amorenada”. El quinto es la corrupción: Taddei, Segalmex, los megaproyectos y la impunidad como modelo de gestión. Y el sexto se estacionó en la carretera: un país donde el centro decide el presupuesto, las obras y hasta el tamaño de los cabildos. No son seis problemas distintos. Son el mismo animal con seis disfraces: un Estado que confunde gastar con resolver, inaugurar con cumplir y concentrar con gobernar.
Si en 2027 la oposición vuelve a presentarse con el inventario de agravios en la mano y sin una sola propuesta en la otra, los elefantes seguirán creciendo, y el país habrá desperdiciado la última década en la que todavía era posible discutir qué Estado queremos. Ya no cabe un elefante más. Es hora de abrir la puerta y sacarlos a todos, antes de que el último se lleve la casa entera.
