Hay una imagen que debería incomodar a cualquier mexicano: dos almirantes —un vicealmirante y un contralmirante— están presos en el Altiplano, acusados de liderar la mayor red de huachicol fiscal de la década. Son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de AMLO. El tío, requerido por una jueza federal como testigo, no aparece. La fiscalía general de la República dice no encontrarlo pese a que la defensa entregó su domicilio. Mientras el exsecretario se esfuma, el círculo obradorista se cubre las espaldas y la presidenta Sheinbaum repite hasta el cansancio que «se hará justicia».
El caso parece una novela de corrupción institucional. El contrabando de combustible —etiquetado como aceites minerales, lubricantes, solventes, alcoholes o aditivos para evadir impuestos o declarados como productos que ingresan al país como materia prima para ser mezclada o procesada y posteriormente exportada, lo que anula el pago de impuestos en la entrada— generó un boquete fiscal estimado en 600 mil millones de pesos. Operaba en las aduanas marítimas, el espacio que López Obrador entregó a la Marina bajo el argumento de ser «incorruptible». Sin embargo, la red criminal operó desde las entrañas de la institución. Con los hermanos Farías Laguna en el centro, la FGR elude una pregunta clave: ¿cómo controlaron dos mandos medios una infraestructura transnacional de hidrocarburos sin el conocimiento del máximo responsable, que además afirmaba que “el presidente todo lo sabe”?
Tres argumentos sostienen la tesis del encubrimiento. El primero es la desaparición estratégica de Ojeda Durán. Una jueza federal lo citó a declarar el 26 de agosto, pero la FGR reportó no localizarlo. El abogado de los Farías sentenció con evidente ironía: «Nadie sabe ahora dónde vive». Un exsecretario de Estado es plenamente localizable; la inacción de la Fiscalía sugiere una falta de voluntad política para impedir que rinda su declaración.
El segundo argumento es la contradicción sobre las alertas de Ojeda. En septiembre de 2025, Gertz Manero afirmó que el almirante advirtió «problemas» en la Semar en 2023, pero la carpeta penal inició hasta julio de 2024 y Ojeda nunca formalizó una denuncia. Alertar sin firmar un documento funciona como coartada: permite simular responsabilidad sin asumir consecuencias, una simulación que la FGR aceptó sin exigir más.
El tercer argumento surge de los testigos protegidos. En las audiencias, el Ministerio Público leyó testimonios de marinos que involucran al senador Adán Augusto López y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. Un testigo declaró que, cuando un buque se «atoraba», recurrían a «Andy» para que intercediera ante el secretario de Marina. Aunque la FGR relega esto como simples anécdotas, los testimonios demuestran que el huachicol fiscal era un sistema estructurado que alcanzaba la cúpula del poder.
El oficialismo presume contundencia por detener a decenas de operadores secundarios, pero el blindaje a la cúpula es evidente. Si la lucha es firme, ¿por qué la FGR finge no ubicar a un testigo clave? Si hay transparencia, ¿por qué las audiencias se declararon privadas justo al llamarlo a declarar? La presidenta Sheinbaum valida la responsabilidad de los sobrinos, pero calla sobre el tío; en política, el que calla otorga.
Está en juego la credibilidad institucional. La FGR actúa como extensión del Ejecutivo y la Semar resultó ser el nido de la mayor red de contrabando. El expresidente López Obrador guarda silencio para no admitir que su fe ciega en las fuerzas armadas fue un error monumental. El caso del huachicol perpetrado desde el propio gobierno expone las consecuencias de un modelo que priorizó la lealtad sobre la eficacia y permite concluir que López Obrador conocía su existencia y a través de su hijo Andy dirigía las operaciones y sabía del uso de parte de los recursos provenientes del huachicol en las campañas de la cuarta transformación. El encarcelamiento de los Farías deja intacto al sistema protector: Ojeda evita declarar, la FGR frena la búsqueda, el expresidente calla y Sheinbaum no remueve los cimientos.
El gobierno encontró que el entramado de evasión también se da por parte de empresas privadas. Indagatorias de la FGR sobre la firma Ingemar, ligada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalan supuestas operaciones irregulares en aduanas terrestres que habrían generado un boquete fiscal calculado en 4,000 millones de pesos por omisión de IEPS e IVA. El gobierno armó todo un espectáculo al anunciar la aprehensión de Ruffo, en un afán de desviar la atención y, de paso, golpear a la oposición en vísperas del proceso electoral del próximo año que mantiene preocupados al gobierno y su partido.
Sin embargo, la desproporción de las cifras expone con claridad el sesgo político de la narrativa oficial. Mientras el aparato gubernamental colocó bajo los reflectores la investigación contra este perfil de la oposición por una fracción marginal del fraude, el restante 99% del boquete fiscal —los 600 mil millones de pesos que se esfumaron por las aduanas marítimas operadas por la Marina— permanece en la impunidad. Focalizar la indignación en un adversario político funciona como el distractor idóneo para eludir el fondo del problema: un sistema estructural de complicidades cuya verdadera cúpula militar y política sigue intocada.
La pregunta final: si un almirante desaparece ante la ley, si los hijos de López Obrador aparecen en expedientes sin ser citados y las aduanas operan bajo control criminal… ¿contra quién lucha el gobierno cuando dice combatir la corrupción? El costo real no es el quebranto financiero, sino la erosión de la confianza en instituciones que son altamente eficientes para proteger a los poderosos, pero inexistentes para proteger al ciudadano.
