A la corrupción en México le basta un contrato firmado en “regla”, una empresa que apenas exista en una servilleta y un auditor que mire a otro lado, lejos de donde la Ley lo obliga. Llega con una licitación, un sobreprecio y un corte de listón. Y mientras el país se distrae discutiendo si los homicidios dolosos bajaron o subieron, el elefante que los gobiernos de MORENA no quieren ver se instala en la caja fuerte. El elefante también vive en el INE, en las bodegas de Segalmex, en las vías del Tren Maya y en las dependencias involucradas en el huachicol.
El primer domicilio es el más delicado porque ahí se sostiene nuestra democracia. La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no fue un arrebato de dignidad, fue una reacción porque la Auditoría Superior de la Federación encontró indicios de irregularidades en varias contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos que confirman las investigaciones periodísticas que detonaron el escándalo, una red de proveedores habría simulado competir en las adjudicaciones y emitió comprobantes fiscales por servicios que nunca existieron.
Taddei se fue, pero el instituto que presidía quedó bajo investigación y con el prestigio y la confianza por los suelos en pleno arranque del proceso electoral 2026‑2027. El árbitro electoral perdió la presunción de imparcialidad que era su mayor activo. Mientras, la presidenta Sheinbaum atribuye el problema a que “la corrupción en el INE viene desde 1999” y a los consejeros del pasado. La ASF documentó que el propio INE mandó imprimir dos millones de boletas de más para la elección judicial de 2025, adjudicadas directamente a Talleres Gráficos de México sin estudio de mercado, con un desperdicio de 672 millones de pesos. La respuesta del gobierno fue proponer que el Estado produzca toda la papelería electoral para “acabar con los coyotes”. Es decir, ante la sospecha de que el vigilante robó, la solución es darle las llaves de la caja fuerte.
Segalmex nació para garantizar la autosuficiencia alimentaria y terminó como el mayor escándalo de corrupción del sexenio anterior. Cinco años después de que estalló el caso, 2,700 millones de pesos siguen sin aclararse y no hay una sola sentencia definitiva. La Auditoría Superior observó daños patrimoniales por alrededor de 9,500 millones de pesos en las cuentas de 2019 y 2020; de ese monto, 2,700 se consideran definitivamente no aclarados. Hay detenidos, procesos y amparos, pero la impunidad sigue siendo la regla.
Diversos análisis reportan que el sobrecosto del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya supera los 673 mil millones de pesos. Tan solo el Tren Maya registró un sobrecosto estimado en 176 % por encima de lo prometido, y acumula pérdidas operativas por 14 mil millones de pesos mientras opera al 41 % de su capacidad. La refinería de Dos Bocas prácticamente duplicó su presupuesto inicial y sigue operando parcialmente. Cuatro de las principales obras del sexenio pasado acumulan más de 223 mil millones de pesos en subsidios entre 2024 y 2026, y el Presupuesto 2027 contempla otros 21 mil millones para mantenerlas vivas, un despilfarro del que nadie se hace responsable.
En la Secretaría de Marina y en la de la Defensa, quienes administran las aduanas marítimas y fronterizas, el elefante de la corrupción permitió el mayor fraude fiscal de la historia que dejó pérdidas estimadas en más de 600 mil millones de pesos al erario y el partido en gobierno sigue tratando de evitar pegarle a las cabezas distrayendo al pueblo bueno deteniendo a funcionarios menores y empresarios surgidos de la oposición.
La razón de fondo es siempre la misma: se debilitaron los contrapesos que deberían detectar estas irregularidades. El INAI desapareció en 2024, la ASF investiga, pero no sanciona con la rapidez que el país necesita, y los organismos que debían vigilar el gasto público fueron capturados o extinguidos. Sin contrapesos fuertes, la corrupción se vuelve un modelo de gestión. Si el argumento del pasado oscuro funcionara, esas cifras estarían bajando con los honrados gobiernos de MORENA. Si quisieran cumplir su promesa de campaña de combatir la corrupción, muchos estarían tras las rejas, pero no, no cambiaron las mañas, cambiaron los mañosos.
Por eso propongo tres decisiones que no admiten simulación. La primera: blindar la presidencia del INE con un proceso de selección verdaderamente ciudadano, en el que los consejeros no sean cuotas de partido ni de gobierno, y en el que la Auditoría Superior tenga facultades para separar de inmediato a cualquier funcionario bajo investigación. La segunda: crear una comisión independiente para evaluar los megaproyectos que audite los sobrecostos, los subsidios y la rentabilidad antes de asignar un peso más, y que obligue a los responsables a rendir cuentas ante el Congreso, no ante la conferencia matutina. La tercera: cerrar el ciclo de impunidad en Segalmex con un tribunal especializado en delitos de cuello blanco, con jueces sin adscripción política y plazos máximos para resolver, porque un caso que lleva cinco años sin sentencia es una tomadura de pelo.
A la oposición le conviene entender algo antes de que sea tarde. El enojo ciudadano no es un programa de gobierno, y la memoria de lo que ya no está no alcanza para llenar una boleta. Lo que la gente va a preguntar en 2027 es muy concreto: quién va a impedir que el árbitro se lleve la caja, quién va a evitar que la comida se firme sin comensales y quién va a ponerle un tope al monumento al sobrecosto, irresponsabilidad e improvisación morenista que pagamos y seguiremos pagando por muchos años los contribuyentes. Responder eso exige algo más que un frente común en una foto. Exige acuerdos que se sostengan en el tiempo, reglas claras para repartir candidaturas y una agenda que cualquier ciudadano pueda leer sin sentirse estafado. La unidad que no se traduce en propuestas verificables dura lo que dura el acto protocolario: una tarde.
