El voto es la única herramienta para defender a la democracia – Revista Siempre!

Interesante resulta el artículo publicado por Los Angeles Times el pasado 26 de abril, en el que se especula sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos centre pronto su atención en políticos mexicanos, en el marco de su campaña contra la corrupción. Interesante también la reacción de Sheinbaum exigiendo pruebas al gobierno de los Estados Unidos, dando por bueno el artículo y señalando que el combate a la corrupción en México compete solo a nuestro país.

La nota se basa en las declaraciones del embajador Ronald Johnson durante la presentación de una inversión de tres mil 300 millones de dólares para una planta de metanol en Sinaloa. Entre otros temas, en el artículo se deja ver que el gobernador Rubén Rocha Moya tiene retirada la visa para entrar al país del norte desde 2025. Pero lo más relevante fue la advertencia del embajador: la Administración estadounidense podría lanzar una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos vinculados al narco.

El mensaje de Johnson no fue solo contra los políticos corruptos. Fue también una advertencia económica y legal para México. Dijo el embajador: “La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”. Y remató: “La inversión es como el agua. Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”.

¿Y cuáles son esas “condiciones adecuadas” para los inversionistas? Primero: claridad legal. Justo lo que la Reforma Judicial impulsada por Morena ha puesto en entredicho. La desaparición de fideicomisos, la elección popular de jueces y la concentración de poder en el Ejecutivo generan incertidumbre jurídica. Ningún capital serio se siente tranquilo invirtiendo donde las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana por un decreto, o donde un juez electo por simpatías políticas puede fallar sin haber tenido una carrera técnica.

Inaugurar una planta millonaria en Sinaloa, corazón del cártel del mismo nombre, es todo un mensaje. Pero la realidad es que la inseguridad en México no es solo un problema social, sino un lastre económico. Las empresas exigen un estado de derecho funcional, policías que no estén en las nóminas del narco, carreteras sin extorsiones y puertos sin mordidas. Todo eso brilla por su ausencia en amplias regiones del país.

Washington sabe de la penetración del narco en gobiernos mexicanos y le conviene señalarla para fortalecer sus propias posiciones: para detener la muerte de norteamericanos por el fentanilo, presionar en la renegociación comercial y limpiar el camino a sus empresas.

En el último año, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado masivamente a decenas de narcotraficantes a la justicia estadounidense. Apenas el pasado lunes, las autoridades mexicanas detuvieron a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los narcotraficantes más buscados y señalado como posible sucesor del extinto capo Nemesio Oseguera.

Muchos de los narcotraficantes detenidos y enviados eran buscados por Estados Unidos, incluso ofreciendo recompensas millonarias por su captura lo que da fe de que el gobierno de Estados Unidos cuenta hoy con los nombres, los expedientes y los rostros de decenas de capos mexicanos, pero seguramente también tiene una lista con los nombres de funcionarios y políticos presuntamente coludidos con ellos. La pregunta entonces es lo que hará Sheinbaum con la información que tiene Washington y la que es pública y notoria en nuestro país. Hasta ahora, la respuesta ha sido selectiva: se detiene a narcotraficantes, pero los políticos morenistas señalados siguen en sus curules y en sus despachos oficiales.

Precisamente por eso, la ofensiva de Washington ha sumado una herramienta adicional: la cancelación masiva de visas. En octubre de 2025, la agencia Reuters reveló que al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos —la mayoría del partido MORENA— se habían quedado sin visa americana.

Mientras el gobierno mexicano envía capos a las cárceles estadounidenses y sigue deteniendo capos, Washington responde con vetos migratorios que ponen al descubierto la inacción del gobierno federal contra políticos morenistas.

En las conversaciones de café, muchos creen que el freno a lo que llaman la “dictadura” de Morena vendrá del norte. Nada más equivocado: Venezuela e Irán están en la mira por su petróleo; México, por el trasiego de drogas y por su mano de obra barata. Si al gobierno estadounidense le preocupara la democracia fuera de su país, ya habría roto con Delcy o con Ortega de manera efectiva. No lo hace del todo porque pesan más los negocios y la estabilidad de sus propias cadenas de suministro.

Por eso la defensa de nuestra democracia es responsabilidad nuestra, solo nuestra. Y se hace a través del voto. No hay otra vía. El obradorismo partió al país en dos: los que están con ellos y los que estamos en contra. Pero nosotros seguimos fraccionados: panistas, priistas, ciudadanos sin partido, nuevos partidos de oposición… todos divididos, y así les allanamos el camino.

Hay que vencer inercias, intereses personales y diferencias ideológicas. Pero urge ponernos de acuerdo ya para construir una plataforma común, respaldar candidaturas competitivas en 2027 y arrebatarles gobiernos estatales, municipales y mayorías en los congresos. Si no lo hacemos, seguiremos siendo víctimas del narcogobierno de Morena, con jueces a modo, inversionistas huyendo y un país cada vez más inseguro.

Negociemos con inteligencia, pero, sobre todo actuemos con celeridad y con altura de miras. La democracia no la salvará ningún gobierno extranjero, por muy poderoso que sea. La salvaremos nosotros con cada voto, con cada acuerdo, con cada candidato honesto que logremos poner frente a la corruptela oficial. El agua de la inversión puede secarse, pero la voluntad ciudadana, si nos unimos, puede inundar las urnas.