La presidenta Claudia Sheinbaum nos ha regalado una cátedra de lógica desde la mañanera, ese púlpito donde la propaganda se viste de academia. Hace unos días, con paciencia franciscana, nos explicó el principio de la transitividad: si A está vinculado a B, y B a C, entonces A está vinculado a C. Lo usó contra sus adversarios: si un periodista critica a la 4T, y la 4T es el pueblo, entonces el periodista es enemigo del pueblo; si un opositor se junta con un corrupto, entonces es corrupto. Qué bonito. Qué útil. Qué conveniente.
Gracias, presidenta. Tomamos nota. Y ya que nos dio la clase, aplicaremos su misma regla con sus gobernantes, financiadores y senadores. Porque el problema no es que la transitividad sea falsa; es que en Morena es una liga que se estira para unos y se rompe para otros. Para sus adversarios, un preciso bisturí; para sus cuadros, un salvoconducto que termina en el cajón del «no hay pruebas».
Empecemos por Rubén Rocha Moya. Sheinbaum ordenó brindarle protección de seguridad, alegando que «se protege su vida» como la de cualquier ciudadano. Suena humano. El problema es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha de colusión con el Cártel de Sinaloa, por facilitar operaciones y recibir sobornos. Si aplicamos la clase de la presidenta, el silogismo es impecable: Sheinbaum protege a Rocha, Rocha protege al Cártel de Sinaloa, luego Sheinbaum protege al Cártel de Sinaloa. Pero ¡oh, sorpresa! aquí la lógica no aplica. La respuesta oficial es «guerra sucia», «imperialismo» y «la DEA miente». La transitividad no es un principio matemático, sino un traje que se pone y se quita según el color de la camiseta.
Sigamos con Sergio Carmona, el «Rey del Huachicol». Financió la campaña presidencial de AMLO en 2018 y las de al menos nueve gobernadores de Morena en 2021. Documentado en cortes de Nueva York y Texas. Carmona recibió después contratos millonarios por más de 330 millones de pesos del IMSS y la SCT. ¿Su relación con el narco? Operador de los Cárteles del Noreste y del Golfo. Transitividad: Carmona puso dinero para que Morena llegara al poder, y Carmona tenía vínculos con el crimen organizado, luego Morena llegó con dinero del crimen organizado. Respuesta: «montaje de la prensa vendida». Los contratos no son inventados; lo inventado es la conexión lógica. Porque para ellos, la transitividad se detiene cuando el billete huele a gasolina robada. Ah, pero si un adversario recibió un préstamo de un empresario cuestionable, ya era prueba irrefutable de narco-Estado. Con los suyos, el mismo empresario es un «emprendedor» víctima de difamación.
Y miremos al Senado: José Ramón Enríquez Herrera, morenista por Durango, fue señalado por la SEDENA como «compadre» de Gerardo Soberanes Ortiz, alias «El G-1», operador financiero de los hermanos Cabrera Sarabia, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa dedicada a heroína y fentanilo. Transitividad: un senador de Morena sentado en la máxima tribuna está vinculado a una red de narcotráfico. Reacción: silencio sepulcral, apenas interrumpido por «no se puede juzgar sin pruebas», como si la carpeta de la SEDENA fuera un panfleto opositor. Si esa misma carpeta hubiera señalado a un senador de otro partido, ya tendríamos desafuero, comparecencia, cadena nacional y serie documental. Aquí, el silencio es tan ensordecedor que se oye el tintineo de las fichas de la impunidad.
Esta misma distorsión de la lógica oficial aparece en el discurso de la seguridad pública. Recientemente, la presidenta celebró la reducción de homicidios dolosos bajo el argumento de que ahora «se salvan vidas». Si antes la versión oficial sentenciaba que los asesinados eran delincuentes abatidos en «luchas internas por venganza o control de plazas», entonces la lógica de la 4T concluye que las vidas que hoy presume estar salvando el gobierno ¡son de los mismos delincuentes! La transitividad no miente, aunque en Palacio Nacional prefieran ignorar que su propaganda terminó por convertir la baja estadística en un certificado de supervivencia para el crimen organizado.
Aquí está el meollo: los juicios selectivos. Todos recordamos cómo la 4T usó toda la artillería del Estado contra gobiernos anteriores por cualquier vínculo, por más lejano, con el crimen. Ahí la transitividad era dogma: si el gobernador tenía un primo que rentaba una casa a un narco, ya era cómplice, merecía el linchamiento, desafuero y la silla eléctrica moral. Carpeta, comparecencias y mañanera entera. Pero cuando se trata de los suyos —Rocha, Durazo, Marina del Pilar Ávila, señalados por la DEA y por diversas investigaciones—, la lógica es un chiste. No se investiga, no se desafora, no se señala. Se protege, se abraza, se concede licencia para «cuidarse» y se les brinda seguridad con recursos públicos. Es la justicia de la 4T: lente de aumento para los demás, venda para ellos y calculadora que siempre suma ceros cuando hay que financiar campañas con dinero mal habido.
Así que, presidenta, gracias por la lección. La hemos entendido. La aplicamos a sus gobernadores, financistas y senadores, y el resultado es sólido e incómodo: los vínculos existen, la proteccion es evidente, y la impunidad es la única constante. Pero seguro que todo será «guerra sucia», «imperialismo» o «noticias falsas». Porque la lógica no es un instrumento de razonamiento, es un arma de uso exclusivo: se usa para fusilar al enemigo y se guarda cuando el tiro puede salir por la culata de la 4T.
Al final, la transitividad no es un principio matemático en Morena: es un disfraz, una coartada, un taxímetro que cobra caro a los rivales y se descompone con los suyos. Para los demás, la ley es un cristal; para ellos, un espejo empañado. Pero no importa cuánto lo empañen, la realidad se refleja. Y la realidad, presidenta, es que su propia clase de lógica le cae como pesada losa. Pero para eso están los aduladores, los silencios cómplices y la fe de que las matemáticas son de derecha cuando no convienen y de izquierda cuando sí.
