Interesante, por decir lo menos, resulta el artículo publicado por Los Angeles Times el pasado 26 de abril, en el que se especula sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos centre pronto su atención en políticos mexicanos, en el marco de su campaña contra la corrupción.
La nota se detiene en las declaraciones del embajador Ronald Johnson durante la presentación de una inversión de tres mil millones de dólares para una planta de metanol en Sinaloa. El artículo deja ver que el gobernador Rubén Rocha Moya tiene retirada la visa desde 2025. Pero lo más relevante fue la advertencia del embajador: la Administración estadounidense lanzará una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos vinculados al narco.
El mensaje de Johnson no fue solo contra los políticos corruptos. Fue también una advertencia económica y legal para México. Dijo el embajador: “La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”. Y remató: “La inversión es como el agua. Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”.
¿Y cuáles son esas “condiciones adecuadas” para los inversionistas? Primero: claridad legal. Justo lo que la Reforma Judicial impulsada por Morena ha puesto en entredicho. La desaparición de fideicomisos, la elección popular de jueces y la concentración de poder en el Ejecutivo generan incertidumbre jurídica. Ningún capital serio se siente tranquilo invirtiendo donde las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana por un decreto, o donde un juez electo por simpatías políticas puede fallar sin haber tenido una carrera técnica.
Segundo: seguridad. El embajador no lo dijo con todas sus letras, pero se sobreentiende. Inaugurar una planta millonaria en Sinaloa, corazón del cártel del mismo nombre, es todo un mensaje. Pero la realidad es que la inseguridad en México no es solo un problema social, sino un lastre económico. Las empresas exigen un estado de derecho funcional, policías que no estén en las nóminas del narco, carreteras sin extorsiones y puertos sin mordidas. Todo eso brilla por su ausencia en amplias regiones del país gobernadas por Morena.
Así que no nos pongamos una venda en los ojos. Entender lo que realmente mueve a la política exterior de los Estados Unidos es clave para no hacerse ilusiones. A la administración estadounidense —más allá de quién ocupe la presidencia— no le mueve un afán democrático abstracto. Le mueven intereses muy concretos: el combate al narcotráfico, porque los opioides matan a sus ciudadanos, y porque eso genera apoyos internos; el acceso a energéticos baratos, como el petróleo venezolano o iraní, sin importar el régimen de turno; y la renegociación comercial en el T-MEC en términos que favorezcan a sus empresas.
Washington sabe de la penetración del narco en gobiernos mexicanos —Sinaloa, Sonora, Colima, Tabasco, por nombrar a algunos— y le conviene señalarla. Pero no para salvarnos, sino para fortalecer sus propias posiciones: para detener la muerte de norteamericanos por el fentanilo, presionar en la renegociación comercial, limpiar el camino a sus empresas y garantizar que México siga siendo un socio en temas migratorios y de seguridad.
En las conversaciones de café, muchos creen que el freno a la “dictadura” de Morena vendrá del norte. Nada más equivocado: Venezuela e Irán están en la mira por su petróleo; México, por el trasiego de drogas y por su mano de obra barata. Si al gobierno estadounidense le preocupara la democracia fuera de su país, ya habría roto con Delcy o con Ortega de manera efectiva. No lo hace del todo porque pesan más los negocios y la estabilidad de sus propias cadenas de suministro.
Por eso la defensa de nuestra democracia es responsabilidad nuestra, solo nuestra. Y se hace a través del voto. No hay otra vía. El obradorismo partió al país en dos: los que están con ellos y los que estamos en contra. Pero nosotros seguimos fraccionados: panistas, priistas, ciudadanos sin partido, nuevos partidos de oposición… todos divididos, y así les allanamos el camino.
El esfuerzo es titánico. Hay que vencer inercias, intereses personales y diferencias ideológicas. Pero urge ponernos de acuerdo ya para construir una plataforma común, respaldar candidaturas competitivas en 2027 y arrebatarles gobiernos estatales, municipales y mayorías en los congresos. Si no lo hacemos, seguiremos siendo víctimas del narcogobierno de Morena, con jueces a modo, inversionistas huyendo y un país cada vez más inseguro.
Negociemos con inteligencia, pero, sobre todo actuemos con celeridad y con altura de miras. La democracia no la salvará ningún gobierno extranjero, por muy poderoso que sea. La salvaremos nosotros con cada voto, con cada acuerdo, con cada candidato honesto que logremos poner frente a la corruptela oficial. El agua de la inversión puede secarse, pero la voluntad ciudadana, si nos unimos, puede inundar las urnas.
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