México inició a finales del siglo XX un proceso de descentralización que devolvió algo de autonomía a estados y municipios. Pero con la “Cuarta Transformación”, el país ha dado un franco retroceso hacia el centralismo. Salud, organización electoral y estructura administrativa han sido absorbidas por el centro bajo el argumento de que desde allí se atienden mejor los problemas locales y se combate la corrupción. Los que prometían devolver el poder al pueblo han terminado concentrándolo en Palacio Nacional.
Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018, su discurso anunciaba el fin del centralismo priista. Hoy, el panorama es desolador para quienes creían en una auténtica descentralización. Claudia Sheinbaum ha profundizado la tendencia centralizadora. Lo que algunos analistas llaman “el nuevo centralismo obradorista” se manifiesta con crudeza en varios frentes.
Entre 1983 y 1995 México construyó un sistema de salud descentralizado, con recursos y facultades para los estados. El Seguro Popular consolidó en 2003 un modelo donde cada entidad administraba sus servicios con autonomía de gestión. Ese esquema terminó con López Obrador. Primero eliminó el Seguro Popular, luego el fallido Insabi y finalmente impuso el IMSS-Bienestar, un organismo que absorbe infraestructura, personal y presupuesto de los estados.
Hoy, 23 entidades han cedido el control de sus sistemas de salud al gobierno federal. Cerca del 81% del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) —unos 110 mil millones de pesos— se maneja ahora desde el centro. El argumento oficial de unificar el sistema es una fachada. En realidad es una burda centralización que relega a las secretarías estatales a un papel decorativo. La promesa de que desde el centro se atienden mejor las necesidades locales choca con hospitales sin especialistas, listas de espera y miles de trabajadores de la salud en el limbo.
En 2019, López Obrador lanzó un plan para reubicar 32 dependencias federales en los estados. Decía que así se impulsaría el desarrollo regional y se acabaría con la concentración en la capital. Fue una apuesta federalista que terminó en fracaso rotundo. Al final de su sexenio, apenas siete dependencias lograron traslados parciales, y la mayoría movió solo oficinas directivas. El grueso del personal siguió en la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum en diciembre de 2024 anunció que no daría continuidad al proyecto, argumentando falta de recursos para apoyar la mudanza de los trabajadores. El discurso de descentralizar el gobierno para equilibrar el desarrollo regional quedó sepultado por un centralismo que ni siquiera logra mover oficinas.
El frente electoral es quizá el más preocupante. La creación del IFE en 1990 y su evolución al INE en 2014 centralizaron funciones que antes correspondían a los estados, bajo el argumento de homologar estándares. Hoy esa centralización técnica ha creado el caldo de cultivo para nuevos embates contra la autonomía local.
López Obrador impulsó el “Plan A” de reforma electoral para desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y concentrar todo en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Por fortuna no logró los votos.
Claudia Sheinbaum intentó después su propia reforma electoral que tampoco prosperó en el Congreso. En respuesta, su gobierno propone un “Plan B” cuya intención el diputado del PT Reginaldo Sandoval resumió con una pregunta incómoda para la coalición gobernante: “¿Qué República quieren: una centralista o una federativa?” La respuesta, por ahora, parece inclinarse peligrosamente hacia un centralismo que en el fondo repite viejas prácticas de concentración del poder.
Detrás de estas políticas hay una convicción que rara vez se explicita: la creencia de que desde el centro se resuelven mejor los problemas locales. La narrativa de la “austeridad republicana” justifica la concentración de recursos y decisiones en el gobierno federal para evitar la corrupción y la ineficiencia que —según esta visión— caracterizan a estados y municipios.
Pero esa percepción ignora la realidad de un país diverso, donde las entidades tienen necesidades, capacidades y contextos distintos. La uniformidad que pretenden imponer —desde la conformación de ayuntamientos hasta los topes presupuestales a congresos estatales— erosiona el pacto federal. En estados como Oaxaca, imponer esquemas rígidos no solo es inviable: en los municipios de usos y costumbres, y aun en los de régimen constitucional, lo único que se conseguiría serían ayuntamientos ilegales.
México vivió entre 1990 y 2015 un proceso de descentralización que permitió avances significativos en autonomía estatal, sistemas electorales confiables y gobiernos locales con facultades reales.
Hoy, ese camino se ha revertido. En salud, en organización electoral, en estructura administrativa, los gobiernos de Morena han optado por absorber facultades, recursos y decisiones. El argumento es siempre el mismo: combatir la corrupción, lograr eficiencia, garantizar derechos. Pero el resultado es un país mucho más centralizado que hace una década, con estados que dependen de la Federación para lo básico y organismos locales desdibujados o amenazados de desaparición.
El federalismo no es solo una forma de organización administrativa; es un principio de equilibrio de poderes, de participación ciudadana y de respeto a la diversidad regional. Cuando se concentran facultades en el centro, se debilita la capacidad de los estados y municipios para responder a sus propias comunidades.
México necesita un debate serio sobre qué tipo de República quiere construir. La doctrina de que desde el centro se resuelve todo muestra ya sus límites: hospitales sin especialistas, proyectos de descentralización abandonados, organismos electorales locales agonizando por falta de recursos. Recuperar la senda de la descentralización no es una opción ideológica; es una necesidad para fortalecer la democracia y la eficacia del Estado.
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