Cuando escuchamos la palabra dictadura solemos imaginar tanques en las calles, soldados armados y un golpe de Estado en la madrugada. Esa imagen pertenece al siglo pasado. En el siglo XXI, las democracias rara vez mueren así.
Hoy el autoritarismo avanza de manera más sutil. No llega con botas militares, sino con conferencias mañaneras, mayorías legislativas aunque sean ilegales, reformas a las leyes, programas sociales y un discurso que divide a la sociedad entre los “buenos” y los “traidores”.
El político húngaro Mátyás Rákosi describió este proceso con una metáfora inquietante: la “táctica del salami”. Consiste en eliminar a la oposición capa por capa, rebanada a rebanada, hasta que solo queda el núcleo del poder. No se destruye la democracia de frente; se la debilita poco a poco.
Primero se desacredita a los adversarios políticos y a quienes no piensan igual. Se les acusa de corruptos, de estar vendidos al extranjero o de ser enemigos del pueblo, de ser “fifís”. Con esa narrativa se justifica su exclusión del debate público.
Después vienen los medios críticos. Se les desacredita, se les hostiga desde la tribuna presidencial o se les presiona mediante la publicidad oficial. El mensaje es claro: quien no aplauda será señalado y destruido.
Más tarde el turno llega a las instituciones que limitan al poder, los necesarios contrapesos que pueden irritar al gobernante, pero que evitan abusos y combaten la corrupción. Se cuestiona la utilidad de los organismos autónomos, se debilitan esos contrapesos institucionales y se promueven reformas que buscan someter al árbitro electoral o reducir la capacidad del Poder Judicial para actuar como garante de la Ley.
En México, ese intento se hizo evidente de nueva cuenta con la fallida reforma electoral impulsada por la presidente Sheinbaum. Al no conseguir los votos necesarios para modificar la Constitución, Claudia recurre a un camino alterno: el llamado “Plan B”, al estilo de su tutor.
La lógica es simple: si la reforma mayor no pasa, se intenta desmontar el mismo sistema por partes, mediante cambios legales que debiliten al árbitro electoral y a los partidos opositores.
Ese episodio revela algo más profundo que una disputa legislativa. Muestra una forma de entender el poder: si las reglas no permiten avanzar, entonces se buscan rutas paralelas para modificarlas.
La presidente Sheinbaum y su partido MORENA tienen ahora la responsabilidad de demostrar si su compromiso con la democracia va más allá del discurso. Las decisiones que tomen sobre la nueva reforma electoral, sobre la autonomía del INE y sobre el respeto a los derechos de las minorías políticas definirán el rumbo del país.
El lingüista Noam Chomsky advertía que el control político moderno comienza por el lenguaje. Antes de la coerción abierta, el poder redefine las palabras y simplifica la realidad hasta dividir a la sociedad en bandos irreconciliables.
Así aparecen categorías que sustituyen al debate: “pueblo bueno” contra “conservadores”, “patriotas” contra “traidores”. Cuando la política se reduce a esa lógica binaria, la crítica deja de ser legítima y se convierte en sospechosa.
En ese punto ocurre algo aún más delicado: los ciudadanos empiezan a reproducir esa polarización. El adversario político deja de ser un interlocutor y se convierte en enemigo.
Existe además otro mecanismo silencioso de control: la dependencia económica. El pensador francés Étienne de La Boétie lo describió hace siglos como “servidumbre voluntaria”: la aceptación de la subordinación a cambio de beneficios distribuidos por el poder.
Los programas sociales cumplen una función legítima cuando reducen desigualdades. El problema surge cuando se convierten en instrumentos de lealtad política.
En México, la promesa de que los recortes al INE liberarán recursos para programas sociales y becas para estudiantes es el argumento con el que el gobierno justifica el “Plan B”, para ganar simpatías en “el pueblo”.
Un ciudadano con autonomía económica vota con libertad.
Un ciudadano que depende permanentemente del gobierno enfrenta presiones distintas.
En México, MORENA, que llegó al poder mediante elecciones, ha ido debilitando las instituciones que podían limitar su poder. No lo ha hecho con un golpe militar, sino con reformas legales aprobadas a toda prisa, mayorías legislativas abrumadoras y narrativas polarizantes.
Por eso conviene recordar algo elemental: la democracia no es solamente el gobierno de la mayoría. También es el conjunto de reglas que impiden que esa mayoría concentre todo el poder.
Cuando los contrapesos desaparecen, lo que queda ya no es una democracia plena.
Es simplemente poder.
Las dictaduras modernas no siempre irrumpen con violencia. Con frecuencia se construyen lentamente, utilizando las propias herramientas de la democracia para vaciarla desde dentro.
La historia muestra que este proceso siempre avanza acompañado por la misma frase tranquilizadora: “aquí no va a pasar”.
El problema es que cuando finalmente pasa, ya es demasiado tarde.
Porque la democracia casi nunca muere con un estruendo.
Casi siempre se va en silencio, rebanada por rebanada.
