La lucha contra la corrupción fue la piedra angular sobre la cual se construyó el proyecto de la actual administración, prometiendo una «Cuarta Transformación» que erradicaría las prácticas corruptas de la vieja política. Sin embargo, lejos de haber sido eliminada, la corrupción ha mutado y persistido, enquistándose en estructuras de gobierno tanto federales como locales. Los escándalos del Huachicol en el que estarían involucrados destacados miembros de la Secretaria de la Marina, los desvíos de recursos en SEGALMEX —uno de los fraudes más cuantiosos de la historia reciente—, los lujosos viajes de funcionarios y diputados morenistas, o la inexplicable adquisición de propiedades de alto valor por parte de figuras cercanas al poder, como el caso de la casa en Tepoztlán de Gerardo Fernández Noroña, son tan solo la punta del iceberg de un sistema que no ha sido desmantelado, sino que en muchos aspectos se ha normalizado.
Esta evidente continuidad de las prácticas de opacidad y enriquecimiento ilícito demuestra que la estrategia basada casi exclusivamente en la confianza personal en el Ejecutivo ha resultado ser un fracaso. La concentración de poder, la sistemática debilitación de los organismos autónomos de control y la estigmatización de la prensa crítica han creado un ambiente de impunidad donde los actos corruptos, lejos de disminuir, se cometen con una renovada audacia. La promesa de austeridad republicana se ha revelado como un discurso vacío, contradicho por los hechos que ciudadanos y medios de comunicación documentan cotidianamente.
Ante este panorama desalentador, donde las instituciones diseñadas para prevenir y sancionar estos actos han sido cooptadas o ignoradas, se hace imperante una respuesta contundente y estructurada. No basta con denunciar; es necesario proponer un nuevo andamiaje institucional, blindado de intereses políticos y basado en mecanismos técnicos, autonomía real y participación ciudadana. La ciudadanía exige y merece algo más que discursos; merece resultados tangibles y un compromiso verificable con la honestidad y la transparencia.
Por ello, nuestro proyecto político presenta un conjunto de propuestas concretas con el objetivo no solo de señalar la problemática, sino ofrecer una hoja de ruta clara para construir un sistema de integridad nacional robusto, donde el abuso de poder ya no sea una opción y donde cada peso público esté protegido por candados irrompibles de fiscalización y rendición de cuentas. La verdadera transformación está en los hechos, no en las palabras.
Propuestas para acabar con la corrupción:
1. Digitalizar contratos gubernamentales de manera transparente y confiable que faciliten el escrutinio público.
2. Crear la Fiscalía Anticorrupción como un organismo autónomo y en coordinación con comités ciudadanos e internacionales con facultades para investigar a cualquier funcionario.
3. Eliminar el fuero y establecer penas de inhabilitación perpetua para legisladores y funcionarios corruptos.
4. Establecer que las licitaciones públicas sean obligatorias para el 85% de obras y adquisiciones en todos los órdenes de gobierno.
5. Eliminar el carácter de seguridad nacional a todas las obras morenistas, especialmente de los llamados “elefantes blancos del obradorato” que multiplicaron exponencialmente sus costos y aún siguen reportando pérdidas obscenas cada día. Auditarlas inmediatamente y castigar los actos de saqueo de la familia del narco presidente, amigos y funcionarios coludidos en desfalcos millonarios.
6. Impulsar la pérdida inmediata de registro de los partidos políticos que usen dinero del crimen organizado, del huachicol o recursos públicos.
7. Proponer un organismo autónomo que audite periódicamente a los partidos políticos, al poder legislativo y al gobierno federal.
8. Erradicar la falta de normatividad, supervisión y freno en el uso de recursos ya que ahora para Morena las arcas abiertas y las arcas libres han sido licencia y privilegio oculto ante los ojos de los mexicanos, por lo que estableceremos mecanismos accesibles para el monitoreo, en tiempo real, del gasto público.
8. Determinar el destino de los préstamos que han aumentado exponencialmente la deuda externa del país, así como los recursos empleados para las obras de relumbrón e ineficiencia en las que AMLO disfrazó el desvío de hasta el 500 por ciento de sobre costo por obra, como el “Tren Maya” o la “Refinería que no refina” e investigar y procesar a las compañías beneficiadas, al igual que la participación de los hijos de AMLO, amigos de la familia, y demás cómplices, especialmente aquellos multicitados y ampliamente protegidos como Amilcar Olán de quien hay testimonios y pruebas sobre su participación en las obras de AMLO, venta de medicinas a gobiernos estatales como Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otros.
9. Investigar el manejo y resultados de la clara e imparable codicia del “macuspano” que han significado la ruina de México. Por tanto, urge determinar y castigar el destino y, en su caso, el desvío de los recursos correspondientes a todos los institutos y organismos desparecidos por AMLO como el Fonden, el INE, COFECE, INAI, entre otros, así como la desaparición de 109 fideicomisos.
9. Auditar y dar a conocer los montos que se siguen pagando por la cancelación del NAIM y los sobre costos en el AIFA.
10. Investigar a funcionarios públicos y familiares del expresidente como sus hijos y amigos en su posible complicidad con el crimen organizado en las obras públicas, así como el uso de huachicol para mover la maquinaria usada en las diferentes obras.
11. Aumentar las penas por desvíos de recursos hasta cadena perpetua, dependiendo de los montos y ofrecer recompensas para los particulares que denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos hasta por el 10% del monto de las obras.
12. Investigar la corrupción y el saqueo en Pemex y CFE y sanearlas para que sean competitivas; abrir la participación a la inversión privada y de la CFE, promover la participación empresarial en líneas de distribución de energías limpias, eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica y energía nuclear.
13. Reconocer que el trabajo gubernamental se debe a los mexicanos y a estos pertenece. Basta de perpetuar el mesianismo obradorista y el culto a la imagen recrudecidos en la cuarta transformación, por ello vamos a prohibir que las obras públicas sean designadas con los nombres de gobernantes, familiares y demás herederos, puntualizando solamente los datos técnicos e historiográficos de éstas.
14. Atender que la ciudadanía repudia la prepotencia y privilegios de los que gozan y abusan los políticos, por lo que vamos a suprimir en la Constitución la figura del fuero que ampara todo tipo de acciones de personajes públicos al servicio de la nación, México nunca más otorgará protección, dispensas e inmunidad a ilícitos como los que hoy se padecen en el país.
15. Aplicar en los hechos el Estado de Derecho para que la condición de ciudadanos comunes iguale a funcionarios de todos los niveles y legisladores con el resto de los mexicanos, de modo que ninguno por cargo sienta que el encargo que es mandato popular, lo convierte en un ser impune con posibilidad de actuar al margen o por encima de la Ley.
Imagina tú también un México Nuevo con Paz y Progreso, y sin corrupción uniéndote a la plataforma ciudadana que miles de mexicanas y mexicanos honestos estamos construyendo, llamando a los teléfonos: 55-5606-1894, 55-2924-5017 o 55-2837-3193 o descarga a tu teléfono celular la aplicación Mi Apoyo del INE y afíliate desde tu celular.
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